Consideran que “es urgente” capacitar a judiciales y policías en la nueva legislación sobre cannabis
Fecha: 02/11/2022 07:02
– Los allanamientos a un growshop y dos domicilios en los que se cultivaba cannabis responden a la falta de formación de funcionarios judiciales y agentes policiales sobre la nueva legislación que regula la actividad • Lo dijo el presidente de “La Entrerriana” -la primera Cooperativa Cannábica Legal de Argentina- e integrante del Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos, Javier Orduna • Pidió la reglamentación de la ley provincial sancionada hace un año y medio y habló de “veto encubierto”
Javier Orduna es abogado, presidente de “La Entrerriana”, la primera Cooperativa Cannábica Legal de Argentina e integrante del Frente de Organizaciones Cannábicas de Entre Ríos.
En ese marco, se refirió a los allanamientos que hubo días atrás en las ciudades de Concepción del Uruguay y Colón, donde se allanó un growshop y dos domicilios: detuvieron a personas que quedaron horas incomunicadas y les iniciaron causas, a pesar de que tenían permiso para cultivar y que el local comercial estaba habilitado para tal fin.
“Es urgente la formación de funcionarios del Poder Judicial y efectivos de las fuerzas de seguridad en materia de cannabis”, aseveró Orduna y señaló que tal punto está incluido en el artículo Nº 18 de la Ley Nº 10.894 de Accesibilidad al Cannabis con fines médicos, terapéuticos y/o paliativos del dolor en Entre Ríos, sancionada y promulgada en mayo del año pasado, pero que aún falta reglamentar”.
“Este accionar de la Justicia que se dio en Concepción del Uruguay y Colón confronta con la normativa que habilita el cultivo con fines medicinales y también con la potencialidad que tiene la industria del cannabis en Argentina y en Entre Ríos”, sostuvo en declaraciones a “Sexto Sentido” (FM Litoral)
Teniendo en cuenta que hay una ley nacional que regula la industria del cannabis y de cáñamo, Orduna se preguntó “qué va a suceder cuando tal norma entre en vigencia, se empiecen a otorgar permisos de comercialización de cannabis y los agentes de seguridad y judiciales no conozcan la normativa. Se van a repetir este tipo de situaciones que son muy lamentables porque un proceso penal para una persona es un hecho muy estigmatizante e incluso tiene grandes costos en términos económicos”.
“Esto en parte ocurre porque tenemos una excelente ley provincial que no ha sido reglamentada, a pesar de que fue sancionada hace más de un año”, sostuvo Javier Orduna, quien manifestó que “esto genera confusión porque dicen que si una ley no está reglamentada no está vigente”.
“Si el Poder Legislativo sanciona una ley y el Poder Ejecutivo no la reglamenta hay una especie de veto encubierto”, advirtió, al tiempo que indicó que hay un plazo para que se reglamente. (APFDigital)
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