El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura tomó intervención en la causa “Gusman”
Fecha: 25/09/2020 07:09 | Cantidad de Lecturas: 894
– La abogada Lucía Tejera, que patrocina a la familia de Gusman, afirmó en declaraciones a APFDigital que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) tomó intervención en la causa por la muerte de Gabriel hace dos años en el Barrio Capibá cuando una bala presuntamente disparada por la Policía le dio en la nuca · El fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull negó que la causa esté paralizada · Este viernes habrá actividades para recordar el crimen
Con respecto a la investigación de la causa que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal, la abogada subrayó: “Seguimos igual. Los fiscales (Ramírez Montrull y Gonzalo Badano) no nos han dado respuesta. Pedimos intervención al Comité Nacional de Prevención de la Tortura, que votó intervenir en el caso Gusmán de Entre Ríos y envió un pedido de informes a la Fiscalía, pero desconocemos el contenido de la respuesta”.
El planteo ante el CNPT lleva la firma de Alejandra, la mamá de Gusman, y fue presentada el 1° de septiembre. En las semanas siguientes los comisionados que integran el cuerpo votaron intervenir y enviaron casi de inmediato el pedido al Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya remitió su respuesta. “Pero nosotros no tenemos todavía un informe final del Comité”, expresó Tejera.
La letrada cuestionó que a dos años del hecho la Fiscalía no haya decidido llamar a indagatoria a los policías apuntados por la familia, Diego Íbalo y Rodrigo Molina, ni tampoco “avanzar en la investigación teniendo en cuenta que la última medida de prueba que dispuso la Fiscalía fue el 24 de octubre de 2019, hace once meses, cuando se solicitó un informe pericial a Gendarmería que todavía no está ni han apurado para que esté”.
“Si no se ha movido la causa, es porque consideran esencial ese informe. Y más allá de la pandemia y de algunos supuestos que pueden haber sucedido y de los cuales no tenemos notificación, nos parece una barbaridad que un informe pericial de trayectoria de bala y de ubicación del cuerpo de Gabriel y también del policía que hace el disparo demore más de 10 meses. Es una dilación bastante obvia y obsena en relación a los derechos de la familia de Gabriel”, agregó.
Además, Tejera puntualizó que la familia de Gusmán presentó el lunes 21 una nota para ser recibidos por los fiscales que intervienen en la causa . “En dos años, la única que vez que Badano y Ramírez Montrull recibieron a la familia fue acompañada por mi y por el Dr. José Iparraguirre en el aniversario del asesinato de Gabriel, el 25 de septiembre del año pasado. Ramírez Montrull estaba muy ofuscado porque consideraba que una movilización no era forma de solicitar una audiencia. Con el Dr. Iparraguirre le tuvimos que explicar el sentido de las movilizaciones en la lucha de los organismos de defensa de los derechos humanos. Lamentablemente tenemos funcionarios en el Poder Judicial que creen que la vida es un expediente y no ven más allá”, reflexionó.
“En esa oportunidad, a un año de la muerte de Gabriel, el fiscal Ramírez Montrull le dijo a la mamá que no habían tenido oportunidad de ver el expediente. Le pedimos al MPF que actúe con debida diligencia en la investigación y dentro de los plazos razonables”, añadió.
Además, mencionó que la Red de Organismos de Derechos Humanos organizó un conversatorio a las 19 que se transmitirá por el Facebook de Hijos Regional Paraná, que contará con la presencia de Alejandra, la mamá de Gabriel, y de Maira, su hermana. “Nos pareció que estaría bueno empezar a pensar los abordajes teóricos y territoriales sobre violencia institucional en Entre Ríos y que sería oportuno hacerlo este 25 de septiembre, a dos años del asesinato de Gabriel, ya que movilizaciones no podremos hacer por la pandemia”, consignó.
También apuntó que es posible que la familia de Gabriel pueda hacer una pegatina en la sede de Tribunales, pero sin movilización.
· Respuesta oficial
En diálogo con esta Agencia, Ramírez Montrull confirmó que el CNPT tomó intervención en la causa y mencionó que el procurador general, Jorge García, respondió formalmente el escrito que el organismo nacional envió. También adelantó que el MPF mantendrá en estos días un encuentro con el Comité para ahondar en esas explicaciones.
Ademas, relató: “Hemos estado evaluando todas las entrevistas que hemos hecho con alrededor de 35 testigos presenciales del hecho y con los funcionarios (policiales) que intervinieron en el lugar”. También consignó que Gendarmería, que intervino en la investigación ya que están comprometidos policías en la causa, hizo una serie de estudios y luego recomendó hacer “una inspección ocular del lugar y una medición en base a los elementos recolectados, tomar también las medidas antropométricas a los funcionarios intervinientes y actas que ellos mismos hicieron en el lugar”.
El fiscal recordó que la fuerza federal también tuvo acceso a la autopsia de Gabriel y que con la sumatoria de estos elementos debe “determinar con precisión del ángulo y la distancia de disparo. Eso es lo que estamos esperando, con varios pedidos reiterativos de informes porque nos agarró el Covid-19 y el aislamiento, y Gendarmería cumplía con los aislamientos”, sostuvo.
Asimismo, la fuerza federal designó un perito que luego trasladó a otro destino y tuvo que colocar otro nuevo al frente de las pericias. El último informe que entregó fue en junio, precisó Ramírez Montrull.
El resultado de este trabajo, que fue solicitado en octubre del 2019, es importante para la Fiscalía dado que les permitirá tener “en el aspecto criminalístico una conclusión”, dijo, recordando que para los estudios la querella en representación de la familia también nombró a su perito. “No hubo nada oscuro, nada raro, ninguna negligencia por parte de Fiscalía. No estuvo parada ni un día la causa”, sentenció.
Con respecto al contacto con la familia de la víctima para explicarles el avance de la investigación, Ramírez Montrull consignó que es “constante”. “Tienen (abogados) querellantes. Yo personalmente hablé con la madre y Badano ha hablado en reiteradas oportunidades con Tejera y con Iparraguirre. Están al tanto de las medidas que disponemos, porque los notificamos. Y cuando han querido ver el expediente, lo han hecho y han ofrecido testigos”, agregó.
En su opinión “la familia quiere que indaguemos a estas personas (por los policías Íbalo y Molina). Es entendible. Nosotros, con toda la evidencia que hemos recolectado, estamos a la espera (de la pericia de Gendarmería) porque tiene una implicancia: hemos evaluado todas las testimoniales que hemos recibido y faltan especificar algunas cuestiones importantes para corroborar”.
“La mayoría de los testigos dice que Gusman fue a dispararle a unos vecinos con los que tenía problemas”, aseveró, trayendo a colación que al momento del incidente “el panorama en el Barrio Capibá era de balaceras diarias y por eso había un patrullero en forma permanente en el lugar. En esa situación se lo ve a Gusman con un revólver calibre 38, o sea un arma de guerra, efectuando disparos a otros vecinos. Eso es tentativa de homicidio o abuso de arma, podrían ser sus conductas”.
“Así lo sorprende la Policía. Según la mayoría de los testigos, Gusman emprende la huida, efectuando disparos hacia el patrullero que lo perseguía por el medio de la Plaza Kirchner”, narró.
Ramírez Montrull dijo que las pericias sobre el arma que la Policía secuestra a Gusman luego de caer sin vida indicaron que el arma tenía tres proyectiles sin disparar, tres disparados y seis balas más en el bolsillo del pantalón. “En esa persecución se secuestraron también vainas de las armas de los funcionarios”, mencionó.
“La madre de Gusman asegura que Gabriel no efectuó disparos. Eso no lo dice la mayoría de los testigos que afirma que disparó hacia el patrullero, que iba corriendo e iba efectuando disparos”, precisó. Ramírez Montrull reconoció que no hubo impactos en el patrullero de los tiros que supuestamente efectuó el joven en su huida.
“También se dice que Gusman se detuvo y alzó las manos y que en ese momento recibe el impacto. Eso tampoco es lo que dice la mayoría de los testigos y también los más creíbles, entendemos nosotros, en base a que no tienen vinculación” con el muchacho muerto, completó.
El fiscal afirmó que en ese contexto se debe definir si Íbalo y Molina actuaron en legítima defensa, con exceso de legítima defensa o si se trata de un homicidio.
“Lo que no podemos desconocer es que la bala que le dio muerte a Gusman fue un disparo de los funcionarios policiales. Ellos no han declarado, pero surge de la evidencia que hemos recolectado. Está acreditado que una vaina (de las encontradas servidas en la zona) era de Íbalo y la otra de Molina”, dijo, recordando que la bala mortal no fue peritada debido a que entró y salió del cuerpo de Gabriel y no fue localizada.
El fiscal defendió el accionar de la Policía de responder fuego con fuego en una zona poblada por familias. “La fuerza pública tiene la obligación de hacer cesar la situación” de que un particular esté disparando o de lo contrario “puede incurrir en incumplimiento del deber”, comentó.
Además, marcó que está “corroborado” que la fuerza de seguridad provincial hizo un llamado a la ambulancia luego de que Gusman recibiera el disparo fatal en la nuca.
“Debemos ver si la Policía actuó bien o se excedió. Y hasta que no tengamos el informe de Gendarmería no lo podremos responder”, sintetizó.
Por último, apuntó: “Hemos tenido reuniones con los organismos de derechos humanos y no nos han cuestionado. Hemos tenido varias entrevistas con (Daniel) Paduán (subsecretario de Derechos Humanos de la provincia quien) está al tanto de la investigación y no nos ha cuestionado por irregularidades en la tramitación” y circunscribió estas quejas a Iparraguirre y Tejera, que han actuado como abogados de derechos humanos. (APFDigital)
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