Ley de Emergencia: la Rojo y Negro criticó el proyecto y reclama excluir los artículos que afectan a los trabajadores
Fecha: 01/07/2020 07:00
- La Agrupación Rojo y Negro 1° de Mayo de Agmer difundió una carta pública a los legisladores provinciales, que tienen en sus manos la aprobación -o no- de la emergencia económica • Afirman que la iniciativa carga en las espaldas de los trabajadores el costo de la crisis • Aseguran que “es injusto y regresivo” y demandan excluir los artículos vinculados a los trabajadores y sostener los que establecen gravar a los sectores que verdaderamente han ganado
La carta pública, a la que accedió esta Agencia, está destinada a los legisladores provinciales, que son los que definirán si el proyecto de emergencia solidaria que propone el gobernador Gustavo Bordet finalmente se convertirá o no en ley.
La Rojo y Negro de Agmer consideran que “es injusto que nuevamente una ley de emergencia sea utilizada para cargar sobre nuestras espaldas el costo de la crisis de un ajuste que hemos denunciado y repudiado reiteradamente”.
Les pidieron a los legisladores que “no voten una ley que dinamita toda posibilidad de construcción colectiva y que carga el peso del ajuste sobre los trabajadores y ataca literalmente al sistema previsional”.
También cuestionaron que “se defina como solidario el aporte”, ya que “la solidaridad se da entre iguales, no es compulsiva ni se impone por las leyes”.
En este marco, demandaron que se deje sin efecto los artículos vinculados a los trabajadores y que sí se grave a los sectores que verdaderamente han ganado.
A continuación, la carta pública: La presentación por parte del Ejecutivo provincial, en la figura de Gustavo Bordet, de un proyecto de ley de Emergencia económica, financiera, fiscal, administrativa, sanitaria y previsional ha generado en el amplio espectro sindical un repudio rápido y generalizado, sumando además que su tratamiento exprés ajusta todo plazo de posibilidad de debate.
Entendemos los sectores de trabajadores que es absolutamente injusto que nuevamente una ley de emergencia sea utilizada para cargar sobre nuestras espaldas el costo de la crisis de un ajuste que hemos denunciado y repudiado reiteradamente.
Desde los ámbitos orgánicos de Agmer, el Plenario de Secretarios Generales ha emitido claramente un posicionamiento relativo a los artículos que nos involucran y determinado un plan de acción, y la Multisectorial de trabajadores, como espacio político desde hace años, pero sobre todo en los últimos 40 días, ha trabajado elaborando proyectos que permitan que tributen quienes han acumulado riquezas.
Requerimos a ustedes, como representantes del pueblo, que no voten una ley que dinamita toda posibilidad de construcción colectiva, que carga el peso del ajuste sobre los trabajadores y ataca literalmente al sistema previsional.
Nuestra memoria colectiva nos recuerda que una ley de emergencia en el gobierno de Mario Armando Moine hizo permanente la suba del aporte personal, además de quitarle la autarquía que por ley de creación tiene la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
El déficit declamado es incierto porque los aportes de cada trabajador pasa a rentas generales. El aumento del aporte personal no tiene correlato con la equiparación del aporte patronal.
Es inédito que se descuente a los jubilados, creando un aporte que no existía, que argumenta que los jubilados aporten para poder pagar su propio salario, en este punto es confiscatorio del salario de los jubilados, se atenta contra derechos adquiridos y se incumple con el 82% móvil.
Se anuncia mediáticamente que lo recaudado será coparticipable hacia los municipios, convirtiendo esta afirmación en un hecho inédito, que los aportes personales de los trabajadores puedan ser objeto de coparticipación para los municipios, muchos de los cuales no aportan a la caja de ninguna manera. Esta situación genera una grave crisis de legalidad porque los aportes personales no podrían ser desviados a ninguna otro objeto que no fuera la propia Caja.
Expresamos el más enérgico repudio a que se defina como solidario el aporte. La definición de solidaridad es mal entendida por el Ejecutivo provincial, la solidaridad se da entre iguales, no es compulsiva ni se impone por las leyes. Entendemos como trabajadores de la educación, que la solidaridad la ejercemos en el desempeño de cada puesto de trabajo en la escuela pública, cuando compartimos los mismos esfuerzos y cubrimos todos los aspectos de las necesidades. Somos solidarios cuando construimos conocimientos liberadores y cuando cada día de este tiempo de pandemia abrimos las escuelas para garantizar la comida que por la desigualdad y la injusticia les es negada a los estudiantes en sus hogares. Somos solidarios cuando reconocemos la crisis del sistema educativo y pensamos, construimos y ejecutamos solidariamente alternativas.
Solidaridad es el ejercicio cotidiano de la docencia, solidaridad es la clave de la construcción sindical, solidaridad es la lucha por el conjunto.
Los Estados a través de los gobiernos deben construir justicia social para garantizar igualdad. La base de la construcción de Estados fuertes está cimentado en un sistema impositivo progresivo, donde los más ricos tributen más que los pobres. Los trabajadores no somos los sectores concentradores de riqueza, por varias décadas hemos luchado por garantizar con derechos las necesidades.
Este proyecto de ley es injusto y regresivo, nuestra demanda es dejar sin efecto los artículos vinculados a los trabajadores para gravar a los sectores que verdaderamente han ganado. Los que contaminan y expolian recursos naturales, que atacan a los pequeños comerciantes y a los compañeros de la economía social a través de los hipermercados y corporaciones que lucran y no pagan impuestos en la provincia.
Pedimos que se dedique tiempo a analizar y clarificar que este proyecto abarca a gran cantidad de trabajadores activos y jubilados, que somos quienes vamos a soportar el mayor peso de los descuentos.
El proyecto atenta directamente al salario docente, de activos y jubilados, no contempla la expoliación sobre un salario que fue de hecho congelado, al igual que la paritaria docente, un salario construido a fuerza a de luchas y sacrificio. Es confiscatorio para el salario de la carrera docente porque este proyecto castiga paradójicamente a la mayoría de los trabajadores de la educación que están en el frente producto de la pandemia, a los que van todos los días a la escuela para garantizar el comedor, a los que luchan desde su hogar por garantizar conocimientos.
Decimos confiscatorio porque toma el salario nominal, con todos sus componentes, aplica sobre él el injusto impuesto a las ganancias, el 19,6 % de los descuentos de ley y ahora el nuevo porcentaje de aportes de aprobarse esta ley. Ataca todos los salarios y los trabajadores somos solidarios, sabemos el peso de una medida injusta y tenemos memoria de las luchas.
Mención aparte hacemos sobre la premura por aprobar, en escasos tres días, un proyecto repudiado. Cómo no pensar que su posible sanción, en tiempos de pandemia, es un aprovechamiento desleal porque este proyecto sumó el repudio más amplio de los últimos años y seríamos miles en la calle resistiendo esta sanción.
Instamos a excluir del proyecto los artículos 4, 5 y 6 para no dejar de compartir con los legisladores el espacio colectivo de necesaria unidad que requiere la democracia, pero de sancionarse dejamos en clara evidencia que los trabajadores sabemos de luchas y persistencias y encontraremos todas las herramientas políticas y legales para luchar porque entendemos que la solidaridad y la justicia son parte de nuestro acervo cultural sindical y también lo es la memoria permanente de nuestra luchas. (APFDigital)
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