domingo, 06 de octubre de 2019

PRIMERA PLANA


Fuertes críticas al proyecto oficial en la jornada de discusión sobre juicio por jurados



Fecha: 06/10/2019   06:00  |  Cantidad de Lecturas: 2010

– El proyecto de ley para establecer el juicio por jurados en la provincia que envió el Poder Ejecutivo a la Legislatura recibió duros cuestionamientos de los Ministerios Publicos Fiscal y de la Defensa, y también de la Asociación de Magistrados • Hubo coincidencias en atacar la obligatoriedad y al cálculo de años para implementar el procedimiento • El defensor general Maximiliano Benítez alertó que -según el texto propuesto- más de la mitad de los juicios de 2019 se hubieran tenido que realizar bajo esta modalidad, duplicando las estimaciones iniciales para todo un año • Sin embargo, hubo coincidencia generalizada en que el juicio por jurado debe implementarse


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La primera tanda de cuestionamientos llegó por parte de Rubén Chaía, representante de la Asociación de Magistrados de Entre Ríos, quien mencionó que la idea de la entidad es que el procedimiento no sea obligatoria (según el criterio de la Corte Suprema de que es un modelo de organización política), sino opcional como derecho del imputado. Para esto último, citó experiencias internacionales y reglas del sistema estadounidense que avalan la posición de la Asociación.
La segunda crítica fue al sistema de incorporar dentro de las causas sometidas a jurado a los delitos que superen ciertas penas (20 años en abstracto, según el proyecto del Ejecutivo, incluyendo aquellos en grado de tentativa y sumatoria en concurso real). En su reemplazo, solicitó que se fijen artículos precisos del Código Penal  o se utilice el piso de 20 años pero en el pedido de penas que solicita la Fiscalía.
Además, cargó contra la vaguedad de la redacción sobre prórroga de jurisdicción, que posibilitaría a un juez -ante un caso que provoque conmoción social que afecte la imparcialidad de los posibles jurados- llevar el juzgamiento a otra jurisdicción. Comentó que en una ciudad como Rosario del Tala, de no más de 20 mil habitantes, cualquier caso de la gravedad para ser llevado ante un jurado provocaría conmoción social y habilitaría presentaciones judiciales que dilatarían la realización del juicio.
Por otro lado, apuntó contra el criterio de oralidad del procedimiento, cuya rigidez podría dejar afuera del juzgamiento elementos previos a la causa. Como caso, comentó que para un femicidio son vitales las denuncias anteriores de maltrato o abuso que, por la redacción actual, podrían ser excluidas como prueba.
El procurador Jorge García, en tanto, aprovechó sus 20 minutos de exposición para hacer una larga recorrida sobre distintas corrientes de la filosofía del derecho que decantaron en sus objeciones. En primer lugar, señaló la obligatoriedad y el piso de 20 años de condena en abstracto. Al respecto, puntualizó que una persona acusada por tres peculados debería ir a juicio por jurado. Y que la redacción del proyecto que está en la Legislatura llevaría a que todos los casos contra la administración pública deban dirimirse por ese sistema.
Cuestionó a su vez la necesidad de unanimidad de los 12 integrantes del jurado para una condena de culpabilidad ya que, de no existir, llevaría a un “jurado estancado” que ameritaría un segundo juicio. Se preguntó si ante tal extremo, en caso de que se trate por ejemplo de un femicidio, la sociedad permanecería tranquila ante el accionar de la Justicia.
Asimismo, cuestionó que no se puedan presentar apelaciones cuando las sentencias del jurado sean absolutorias, señalando que afectaría el derecho de las víctimas y dejaría a Entre Ríos y al Estado nacional vulnerables ante sanciones del sistema americano y mundial de protección de los derechos humanos.
El cuestionamiento más contundente al proyecto llegó durante la presentación del defensor general, Maximiliano Benítez quien, con planillas en mano, puso en jaque el andamiaje del proyecto que se basa en que el sistema propuesto generaría que se realicen no más de 15 ó 20 juicios por jurados por año.
Haciendo un cálculo de los juicios efectivamente realizados en 2019 en todas las jurisdicciones de Entre Ríos, consignó que la redacción actual del artículo 2º hubiera provocado que para 39 de los 70 procesos debiera haberse constituido un jurado.
Para evitar esta situación, propuso un texto alternativo: “Deberán ser juzgados por jurados los delitos cuya pena máxima en abstracto sea superior a los 20 años de prisión o reclusión y los que con ellos concurran según las reglas del concurso de delitos previstas en el Código Penal siempre que deban ser juzgadas simultáneamente con aquellos”.
La jornada de debate sobre el juicio por jurado, organizado por el Senado y Diputados de la Provincia, se desarrolló en el salón del Consejo de Educación y contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y de los presidentes de las comisiones de Legislación de ambas cámaras. Además, estuvo presente el presidente del Superior Tribunal de Justicia Emilio Castrillón y participaron José Virgilio Valerio (de la Corte de Justicia de Mendoza); Carla Cusimano (Vidaer); Andrés Harfuch (Asociación de Juicios por Jurados); Julio Federik (Colegio de Abogados) y Miguel Ángel Cullen (Asociación del Pensamiento Penal). (APFDigital)

 



Fuente:  Paraná, 04 oct (APFDigital)









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