POLICIALES Y JUDICIALES
- La Cámara Federal de Apelaciones resolvió que Iván Malajovich no cometió delito al enseñar a producir aceites y otros derivados de marihuana
• Talleres sí, cultivo no
Desde abril de 2017 la Policía Federal investigó a Malajovich y el grupo que organizaba los talleres donde enseñaban, entre otras cosas, a producir aceite de cannabis. En julio de 2018 allanaron su vivienda y el local donde vende (legalmente) elementos para el cultivo de marihuana.
La Fiscalía Federal pidió que sea procesado por el delito de Preconización (defender, apoyar o aconsejar públicamente) del uso de cannabis sativa. El juez federal Leandro Ríos sostuvo que este delito atenta contra la libertad de expresión. Pero procesó al acusado por "dación pública de instrucciones acerca de la elaboración de drogas, dada la influencia estimulante –aún potencial– sobre pasivos individuos receptores que dicho accionar supone".
Ahora, tras el recurso de apelación interpuesto por los defensores, la Cámara Federal sobreseyó a Malajovich por este delito, ya que el mismo se comete cuando "existe la posibilidad de que la difusión y/o impartición de instrucciones sea conocida y recibida por un destinatario indeterminado o por alguien no convocado personalmente". En este sentido, según el voto de la vocal Beatriz Aranguren, en este caso "el acceso a la información presuntamente brindada por el imputado a través de los tres talleres que habría impartido no era indiscriminada, sino solo posible previa voluntad de un tercero de adquirir dicha información. Ello habida cuenta de que resultó necesaria una conducta activa, por parte del receptor, de inscribirse y asistir a los talleres para acceder a los contenidos".
Por esto, la jueza concluyó que "la impartición de instrucciones cuestionada no era en rigor abierta a un número indeterminado de individuos y, por lo tanto, no era pública". Mateo Busaniche coincidió (Cintia Gómez sostuvo que esto debía analizarse en el juicio), por lo que por mayoría se dictó el sobreseimiento por este delito.
El otro punto cuestionado por los defensores era el procesamiento de Malajovich por la tenencia de las plantas que cultivaba. Bacigalupo y Azziani Cánepa pidieron el sobreseimiento porque las mismas tenían como destino el consumo personal.
La Cámara Federal de Apelaciones (según se lee en el voto de Aranguren) planteó: "Entiendo que la cantidad de plantas incautadas es significativa y representa una amenaza cierta al bien jurídico protegido. Lo mismo ocurre con las semillas, las que, según la pericia química, presentan viabilidad del 100 %. Considero que ello impide suponer –por el momento– que el cultivo y siembra de plantas y la guarda de semillas estaban destinados –inequívocamente– al consumo personal del imputado".
Vale destacar en este punto algo que suma confusión a todo este trámite judicial: el fiscal general Ricardo Álvarez, quien había pedido la confirmación del procesamiento por los talleres de cannabis, planteó respecto de las plantas que podría considerarse que tenían como destino más el consumo que el comercio por parte de Malajovich.
• "No está dada la última palabra"
"Como defensor celebro que el juez Ríos haya dictado el sobreseimiento por preconización, y garantice al ciudadano la libertad de expresión. Y celebro ahora que la Cámara Federal haya decidido que la conducta en los talleres escapan a las previstas en el Código Penal", dijo el abogado de Malajovich, Andrés Bacigalupo.
El letrado explicó: "Es una causa muy compleja, y prueba de esto es la cantidad de opiniones diversas que se han escuchado a lo largo de todo este proceso. Todo es opinable".
Además, Bacigalupo indicó: "Todavía no está dada la última palabra, porque considero que la investigación ha sido llevada a cabo de manera irregular, se han violado garantías constitucionales", en alusión a los vicios advertidos en la investigación respecto de la intromisión en las cuentas de redes sociales y las intervenciones de los teléfonos de los sospechosos. De este modo, ahora Bacigalupo y Azziani Cánepa perfilarán el planteo de cara al juicio oral y público ante el Tribunal Federal de Paraná, consignó UNO. (APFDigital)
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